MI NACIÓN TIENE UN ESTADO HOLOGRAMA

Resulta una falacia llamar a México un Estado democrático y de derecho. Las críticas que en el 2008 se hicieron al gobierno federal, denominándolo “Estado Fallido”, vigente en todos sus aspectos teóricos y práctico aún hoy día, confirman la era de excepcionalidad que el país vive: el Estado de excepción institucionalizado y de facto. La inoperatividad institucional, es decir, la incapacidad para brindar los derechos y servicios más elementales a la población civil en algunos estados (Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa y otros), se volvió sintomático en los alcances del poder coactivo. El Estado mexicano se ha quedado sin fuerza. No se trata pues de la fuerza castrense, sino de la fuerza política y discursiva con que el Presidente y su Administración han buscado legitimar a ultranza su “lucha (eufemismo de guerra) contra el narcotráfico”.

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El cierre de caminos y puentes por parte del ejército o de los cárteles, los coches-bomba, el secuestro de migrantes indocumentados por parte de la delincuencia organizada, las masacres múltiples en el norte del país, el multi-infanticidio, los atentados a periodistas, el ejército patrullando las calles, la suspensión de labores y el pago de cuotas, los “toques de queda”: México está en una conmoción interna (guerra), aunque no haya sido declarada formalmente esta situación y no se haya usado el artículo 29 de la Constitución nacional. Por otro lado, las reformas constitucionales en 2008, impulsadas por Calderón, donde se legalizaron las políticas públicas contra el estatus de delincuente organizado (enemigo público en el discurso oficial) con el llamando “régimen especial de garantías”, representó la inclusión del derecho excepcional en el derecho cotidiano. El Estado de excepción se institucionalizaba y comenzaba a adquirir forma.

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El Estado mexicano parece desvanecerse por agentes externos y factores reales de poder que continuamente se apropian de sus funciones. El mercado mundial determina el roll liberalista que los Estados partes en tratados e instrumentos internacionales deben desempeñar en sus modelos económicos internos. El Estado mexicano se ve forzado, como muchos otros Estados, a la desregularización legal y a la paulatina cesión de las facultades controladoras y planificadoras en su economía. El neoliberalismo achica al Estado en su espíritu y autoridad. Otro aspecto es la actividad estatista que la delincuencia organizada, como sistema de poder y determinación social, ha venido desempeñando en aquellas poblaciones donde el Estado no ha podido o no ha querido llegar aún. El modelo paternalista es recogido por los delincuentes para proveer a la población civil de servicios de seguridad, educación, infraestructura y empleo. Se sabe de muchas comunidades donde la única estructura de cohesión y mando es el Narcotráfico. La delincuencia organizada determina la división social, laboral y pública que los miembros de la comunidad deben realizar en contraprestación a los servicios “benéficos” que ésta otorga. La delincuencia organizada, en algunos aspectos, parece un aparato más articulado que el propio Estado.